Situación de los y las Adolescentes en Centros de Privación de Libertad

Fuente de la foto: Instituto Nacional de Derechos Humanos
Adolescencia y Privación de Libertad

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su último Informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos en Chile, ha dedicado un capítulo acerca de las condiciones de vida de los y las adolescentes que se encuentran en centros de privación de libertad administrados por el Estado.

El capítulo entrega un panorama sobre el trato hacia los y las adolescentes que cumplen medidas y/o sanciones privativas de libertad y las prácticas que puedan provocar malos tratos. Además, describe las dinámicas con que los administradores de los centros y los jefes de Destacamento de Gendarmería de Chile implementan las reglas que se relacionan con el trato a los adolescentes.

La administración de estos centros, encargados de ejecutar las medidas cautelares y sanciones privativas de libertad, está por ley a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Existen tres tipos de Centros:

  1. Centros Semi Cerrados (CSC), destinados al cumplimiento de una sanción con un programa de reinserción social a ser desarrollado tanto al interior del recinto como fuera del mismo.
  2. Centro de Internación Provisoria (CIP), destinados a una internación cuando un/una adolescente está siendo investigado por la supuesta comisión de un delito.
  3. Centro de Régimen Cerrado (CRC), destinados a aquellos/as adolescentes que deben cumplir una sanción de privación total de libertad.

Los dos últimos centros en regiones funcionan en una misma infraestructura y son los dispositivos punitivos más fuertes dado que implican encierro absoluto y aunque su fin es la reinserción social, debido a la normalización de algunas prácticas “pueden llegar a ser espacios de maltrato, de sanciones crueles y humillantes que agravan el castigo extremo ya impuesto” (INDH, 2013).

La metodología del estudio requirió la visita a los 18 CIP-CRC que funcionan en las 15 regiones del país, en el período de una semana, de forma simultánea e intempestiva. Se logró entrevistar al 100% de las jefaturas de SENAME y Gendarmería y en el caso de los adolescentes se encuestó a 98 adolescentes seleccionados mediante el método de paso sistemático, 87 hombres y 11 mujeres.

La privación de libertad en adolescentes genera en gran parte de los casos una condición de doble o triple vulnerabilidad que hace aún más compleja sus posibilidades de desarrollo y rehabilitación ya que, además de su condición de imputados, deben enfrentar condiciones adversas por ser menores de 18 años, lo que se agrava si son mujeres o pertenecen a un pueblo originario. En ese sentido, el estudio muestra las graves deficiencias que deben enfrentar las adolescentes en estos centros, principalmente debido a la falta de espacios acordes a sus necesidades. Es así como se constata que ninguno de los centros visitados cuenta con infraestructura pensada y diseñada para recibir mujeres y proteger sus derechos, lo que expresa la deficiencia del Servicio para garantizar las normas sobre mujeres, contenidas en el párrafo 8º del Título V del Reglamento de la Ley 20.084.

El alto porcentaje de subrogancias y la movilidad en los cargos directivos sobre todo en los dependientes de SENAME y también de los profesionales de trato directo, es uno de los problemas que se deben superar y que afecta el conocimiento que tienen los directores del lugar y de los/as adolescentes que tienen bajo su responsabilidad, además de mermar las confianzas necesarias para liderar la administración. Otro problema que evidenció el estudio es la falta de conocimiento de la normativa por parte de los mismos directores/as de SENAME, incluso en los procedimientos específicos de la Ley 20.084. Junto con lo anterior, se aprecia una disparidad de criterios sobre algunos procedimientos cuestionables en relación a la normativa vigente.

El estudio arrojó también como resultado que los adolescentes privados de libertad en estos centros son sometidos a diversas prácticas que atentan contra su integridad, entre ellas los desnudos. Del total de hombres y mujeres que reportaron haber sido desnudados en un allanamiento preventivo, el 88% comentó que en dicha instancia fue desnudado por funcionarios de Gendarmería, incluso al ingresar a la unidad de aislamiento donde la participación de Gendarmería está prohibida. Y aunque los desnudos van en contra de lo establecido en el Art. 37 de la CDN, esta es una práctica naturalizada y no es cuestionada por las autoridades de ambas instituciones ni por los adolescentes sometidos a ella.

Por otra parte, el 17% de las Direcciones de SENAME, reportó que funcionarios de Gendarmería hacen uso de armamento al interior de los centros, lo que trasgrede la norma internacional, específicamente la Regla Nº 65 de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, la que señala que “En todo centro donde haya menores de edad detenidos deberá prohibirse al personal portar y utilizar armas”.

El estudio reveló además la falta de información de los/as adolescentes encuestados sobre los mecanismos para denunciar maltratos al interior de los centros: el 70% de los hombres y el 45% de las mujeres encuestadas no sabe cómo denunciar maltrato al interior de los centros.

De esta manera, el estudio sostiene la necesidad de crear mecanismos especiales, monitorear las actuaciones, sancionar malas prácticas, entregar los apoyos y herramientas necesarias a quienes trabajen directamente con adolescentes por parte de autoridades y superiores directos. La prevención de los malos tratos tortura es una responsabilidad compartida, aunque la responsabilidad principal recae en las diferentes instituciones estatales. En este sentido, la eliminación de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos  y degradantes contra los y las adolescentes recluidas dentro de los CIP -CRC del país es una necesidad urgente e inmediata.

Revisa el informe completo en el link a continuación:

Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile