Hacia un Modelo de Educación Inclusiva en Chile



Autor: Arlette Reyes Benz, Encargada de Derechos Humanos Fundación Henry Dunant

Cuando se habla de los derechos humanos de las personas con discapacidad, se tiende a poner un especial énfasis en la implementación de ajustes razonables para mejorar el acceso de este grupo a los servicios básicos provistos por el Estado. De esta forma, se construyen ramplas en los accesos a los edificios públicos, se incorporan algunas señalizaciones en sistema Braille o se implementan programas en los computadores para facilitar su uso a las personas con discapacidad visual.

En materia del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad, en Chile se ha optado por mejorar el acceso y la cobertura a través de la creación de escuelas especiales que atienden las necesidades de los diferentes grupos de NNA, dependiendo del tipo de discapacidad (a saber, física, auditiva, visual, psicosocial o intelectual).

No obstante, este modelo de escuelas especiales para NNA con discapacidad se encuentra actualmente en tela de juicio, ya que termina instalando una educación segregada, que relega a los niños, niñas y adolescentes a establecimientos “diferentes” que no sólo los excluye del sistema educativo tradicional, sino que también los discrimina entre ellos estableciendo diferencias según el tipo de discapacidad.

Según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “la inclusión implica un proceso de reforma sistemática afrontando cambios y modificaciones en el contexto, enseñando métodos, enfoques, estructuras y estrategias en educación para superar las barreras con una visión centrada en proporcionar a todos los estudiantes del grupo de edad correspondiente, una experiencia de aprendizaje igualitario y participativo y un entorno que se ajuste lo mejor posible a sus necesidades y preferencias”[1].

Pero, si se enfoca en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ¿qué tiene de malo entonces el modelo de escuelas especiales?

Desde un punto de vista normativo, persistir en un modelo de este tipo viola el derecho a la educación inclusiva de los niños, niñas y adolescentes, establecido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, viola el derecho a la educación de los NNA establecido en los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 23 de la misma convención cuando se trata de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. A su vez, viola el derecho general a la educación, establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Finalmente, viola el principio de igualdad y no discriminación que se reconoce de manera transversal en todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Lo anterior genera que cualquier persona que sea privada del derecho a que su hijo o hija con discapacidad pueda estudiar en el colegio más cercano a su domicilio pueda, eventualmente, luego de haber agotado las instancias a nivel nacional, recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tal como lo hizo en su momento la jueza Karen Atala por razones análogas (discriminación basada en estereotipos frente a la diversidad)[2].

La segregación educacional de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad no sólo perjudica a las personas directamente afectadas, sino que priva al resto de la comunidad educativa de poder convivir en un ambiente donde se incluya y se valore la diversidad. Dado que las comunidades educativas están cada vez más segregadas (discapacidad, género, condición socioeconómica, etnia, etc.), no es de extrañar la existencia de tiranías de la homogeneidad en las escuelas. Un ejemplo de ello es la facilidad con que los niños, niñas y adolescentes incurren en el bullying como forma de castigar y marginar la diferencia en vez de aceptarla e incluirla como un aspecto positivo para su desarrollo.

En este sentido, dado que en el mundo existen personas con diferentes tipos de discapacidad, con diferentes colores de piel, de diferentes estratos socioeconómicos, con diferentes orientaciones sexuales, apostar por la inclusión debe ser un objetivo preponderante de los sistemas educativos, los que deben adaptarse para satisfacer las diferentes necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. En esa misma línea, diferentes comités de tratados[3], encargados de velar por el cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos que ha ratificado Chile, le han recomendado a nuestro país terminar con la discriminación basada en estereotipos para lograr la igualdad y la plena inclusión.

Si bien en Chile se ha privilegiado el sistema de educación especial para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, hoy más que nunca se advierten las peligrosas consecuencias que puede generar darle la espalda a la diversidad y hacer la vista gorda a la necesidad de movernos de un sistema de segregación hacia uno de inclusión.

Notas

[1] Comentario General N° 4. Artículo 24. Derecho a la Educación Inclusiva. 2 de septiembre de 2016. Naciones Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. CRPD/C/GC/4. Párrafo 11.

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf.

[3] En este sentido se han pronunciado el Comité de Derechos Humanos (1999 y 2014), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2015), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1999 y2012 ), el Comité de Derechos del Niño (2002, 2007 y 2015), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2001, 2009 y 2013), el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (2011) y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2016).